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La sentencia de un juzgado de Madrid en la que se condena a Metro por una huelga ilegal es un paso más dentro del plan acoso y derribo al que se están viendo sometidos los derechos laborales y sociales en este país. Resulta que la legalidad sólo la tienen que cumplir los trabajadores, pero no los empresarios. Para empezar, la huelga se desató por el incumplimiento por parte de Metro, es decir, del gobierno de Esperanza Aguirre, del Convenio Colectivo firmado por ellos mismos y que se supone que debe cumplirse; al menos todavía, antes de que los convenios pierdan su fuerza vinculante, que está al caer.
En segundo lugar, se está extendiendo la idea, o se ha extendido ya, de que las huelgas no tienen que molestar a la ciudadanía, cuando las huelgas sólo tienen sentido si se notan y cuanto más mejor. Los trabajadores que se ponen en huelga dejan de cobrar sus no muy altos salarios, (los ricos no hacen huelga), a cambio de tener alguna posibilidad de que gracias a la huelga los patrones negocien con ellos o cedan ante alguna de sus demandas. Sí nadie nota la huelga, si nadie sale perjudicado, no merece la pena hacerla. De hecho, los trabajadores del metro consiguieron su objetivo de no ver reducidos sus salarios en la medida que quería el gobierno de la comunidad. Por cierto, los únicos trabajadores que lo han conseguido; seguramente porque sus huelga se notó, y mucho.
Ese objetivo de que la huelga se note no se puede conseguir si los servicios mínimos son completamente abusivos. Si los servicios mínimos impiden que la huelga se note, entonces se vulnera el derecho a la huelga. No se hace huelga de metro para que todo el mundo coja el metro como si no hubiera huelga. Pero la Comunidad de Madrid lleva años imponiendo servicios mínimos que los tribunales han declarado abusivos. Sin embargo, los tribunales declaran abusivos los servicios mínimos años después de que los huelguistas o los sindicatos los impugnen, cuando ya da exactamente igual. Así que cuando la Comunidad impone otra vez unos servicios mínimos abusivos los huelguistas, como es lógico se los saltan. No se puede esperar a que años después un tribunal diga algo que aquello fue ilegal.
Si los tribunales condenan a la Comunidad de Madrid por imponer servicios mínimos abusivos no pasa nada, pero en cambio si condenan a los sindicatos o al comité de empresa por hacer una huelga ilegal es posible que haya despidos y que estos sean, según esta lógico, legales. “Nunca más habrá una huelga que no respete los servicio mínimos”, dice la Presidenta, y seguramente tiene razón. Que ella haya impuesto siempre servicios mínimos ilegales, no cuenta. Que la empresa se salte ilegalmente un convenio legal, tampoco. Lo que quiere decir es que es posible que por fin ella, Esperanza Aguirre, haya conseguido ponerse al nivel de su heroína Margaret Thatcher y clavar una buena estocada en el derecho de huelga.
Nos están dejando completamente inermes ante los poderes empresariales. Supongo que ese es el plan. Pero también me gustaría recordar que dicha huelga se desarrolló en medio de un clima antihuelga y de insolidaridad entre los trabajadores como yo no había visto nunca. Esta sentencia se da en parte porque los trabajadores hemos perdido de vista el sentido de las huelgas, de para qué sirven, para qué nos sirven y nos han servido. No hacemos huelga nos hagan lo que nos hagan, y ni siquiera apoyamos a quienes las hacen.
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