Publicado en Público el 26 de agosto de 2021
La violencia institucional contra las mujeres existe y tenemos que definirla claramente y que hacerle frente. Una definición básica sería entenderla como una forma de resistencia al feminismo desde sectores del estado que deberían tener un papel activo en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Necesitamos mecanismos que la combatan eficazmente: comenzando por el reconocimiento desde las propias instituciones, el análisis de todas las violencias posibles, su denuncia y prohibición expresa cuando sea posible, y desde luego la formación obligatoria de todo el personal que tiene que trabajar con mujeres. Digámoslo claro: formación en feminismo. El feminismo es un componente esencial de la democracia, no es una ideología, incorporarlo a la vida corriente de las instituciones es una obligación democrática.
Que la activista Pamela Palenciano sea llamada a declarar por una inexistente asociación de falsos maltratados asociados en torno a algo que no existe, como es el maltrato sistemático a los hombres, pasando por un delito también inexistente, como es el de odio contra los hombres… que esto sea posible es violencia institucional contra ella y es una advertencia contra todas las feministas. En mi opinión, de persona no jurista, el articulo 510 del Código Penal debería estar redactado de otra manera. Tal como está en teoría es posible considerar «delito de odio» casi cualquier cosa, sin diferenciar el odio a los grupos vulnerables, el odio racista, machista, homófobo etc., del combate contra dicho odio. Claro que la jurisprudencia no avala estas interpretaciones reaccionarias, pero una parte de la judicatura en este país, ya lo sabemos, se ha convertido en un ariete de la violencia institucional contra las mujeres. Esta jueza ha considerado admisible la denuncia de los hombres imposiblemente maltratados y ha considerado admisible la apreciación de que luchar contra el machismo puede ser delito de odio contra los hombres. Según esta señora, y denunciantes, luchar contra la LGTBfobia sería delito de odio contra la heterosexualidad y luchar contra el racismo podría ser considerado delito de odio contra las personas blancas. Hace años, cuando se aprobó este artículo aventuré que las personas partidarias de la redistribución fiscal seríamos acusadas un día, con este artículo mediante y un juez o jueza de este tenor, de odio a los ricos y al paso que vamos no veo imposible que un día un ciudadano agraviado cualquiera ponga una denuncia semejante y alguna(a) juez o jueza lo admita a trámite. Hemos visto cosas que parecían imposibles; que una jueza admitiría que un monólogo contra la violencia machista pueda ser delito es de las peores que hemos visto.
El monólogo de Pamela Palenciano debería ser promocionado por las instituciones educativas porque es verdaderamente bueno y sumamente pedagógico. Pretender coaccionar a su autora desde un juzgado es violencia institucional grave. Es violencia institucional el trato dado a Juana Rivas, a Susana Guerrero, a Irene Costumero, a Ángela Gonzalez, a las madres a las que se les está aplicando sin pudor el inexistente SAP y a tantas otras mujeres. Es violencia institucional que, en el caso de Irene Costumero, podamos ver a una fiscal afirmando sin pudor que el SAP existe; es violencia institucional no creer a las mujeres que denuncian a padres maltratadores de abuso sexual a sus hijos o hijas; es violencia institucional no atender las llamadas de las madres que advierten de que los maltratadores van a hacer daño a los niños o niñas; es violencia institucional la que aplica cualquier funcionario o funcionaria, que se supone que tiene que trabajar sobre casos de violencia y/o discriminación, ignorando absolutamente qué es la violencia machista y cómo funciona. Y esto sólo en el ámbito de la violencia, podemos extenderlo al ámbito de la ciencia, de la medicina, al ámbito laboral, de la cultura, al político, a cualquier ámbito.
Hemos puesto el foco en la violencia institucional contra las mujeres víctimas de violencia de género al ritmo que conseguíamos avances importantes en la lucha contra esta violencia. Necesitábamos conceptualizar y politizar la violencia, normativizar dicha conceptualización, proteger a las que la padecen, penalizar a los agresores, destinar recursos y crear redes de apoyo, ganar el debate social…hemos avanzado mucho, pero ahora tenemos que denunciar cuando son las instituciones las que fallan a las mujeres. Aprobar leyes y diseñar políticas públicas que la combatan es imprescindible pero no es suficiente si no se logra que dichas políticas impregnen todo el aparato del estado, si no se consigue que el estado se relacione con su ciudadanía desde una perspectiva no androcéntrica, si no se reconoce y se combate específicamente la posibilidad de que el propio estado ejerza violencia y/o discriminación contra las mujeres. Las instituciones tienden siempre a ser conservadoras y son androcéntricas como lo es todo a no ser que se intervenga de manera decidida y muy profunda; y eso no es sencillo en este país en el que aún es posible honrar a un fascista como Millán Astray. Somos un país que aún no ha sido capaz de cumplir democráticamente con su historia. Mientras el estado sea androcéntrico, mientras las leyes sigan estando hechas a medida de un ciudadano varón, la democracia no será plena.
Ahora, además de las manifestaciones habituales de violencia institucional en muchos ámbitos, hay ejemplos de que en plena reacción antifeminista ante la Cuarta Ola algunas instituciones, sobre todo del ámbito de la judicatura, están comportándose de manera que parece más ensañamiento y venganza que justicia. Es imposible no tener esa impresión en este caso de Pamela o en el de Juana Rivas, o en el de Irene Costumero o en tantos otros. Las instituciones no son inasibles fantasmas misóginos. Las instituciones son personas que, de manera consciente o inconsciente, aplican, o bien su propio sesgo androcéntrico o bien su machismo particular. Las personas que habitan las instituciones pueden ejercer violencia contra las mujeres de muchas maneras pero en todas ellas es el propio estado el que falla al no impedirlo o al no prevenir y castigar estas conductas. Repito, en una democracia avanzada el feminismo no es opcional.
Aunque ya existen normas internacionales que hablan específicamente y reconocen la posibilidad de que se ejerza violencia institucional, normas que el derecho español ha incorporado, aun son pocas las leyes nacionales o autonómicas que reconocen la existencia de esta violencia. Como feministas tenemos que incorporar a nuestra lucha la exigencia de que el propio estado reconozca la posibilidad de que puede ejercer violencia, que la defina, que la combata; debemos estar dispuestas, como sociedad, a resarcir a tantas mujeres que han sufrido niveles escandalosos de violencia institucional. Una democracia no puede permitirse la anomalía de que el machismo, los hombres (y mujeres) enfadados por nuestros avances, estén imponiendo su agenda de discriminación y desigualdad. Lo ideal sería formación obligatoria en feminismo para quienes tienen que aplicar las leyes, para quienes trabajan con mujeres víctimas de la violencia, para quienes trabajan con la infancia y con los y las adolescentes. Pero ya sabemos cómo se las gasta la derecha. Entre tanto, activistas como Pamela y tantas y tantas otras, son imprescindibles y no podemos dejarlas solas frente a una maquinaria que, en realidad, apunta contra todas.
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