Publicado en Equo el 6 de julio de 2011
Según hemos sabido este pasado martes varias decenas de personas impidieron que la Policía Nacional detuviera a un ciudadano y se le llevara a la comisaría para identificarlo. Según un portavoz de la Policía de Madrid el ciudadano fue interceptado al pretender entrar en el metro sin pagar. No es que dude de que haya gente que entra en el metro sin pagar, de lo que dudo es de la versión policial, vamos que no me la creo. Ya sería raro que un extranjero sin papeles se arriesgara a entrar en el metro sin pagar para que una cámara le grabe y dos agentes le esperen en la siguiente estación.
Rubalcaba lleva tiempo diciendo, en la más pura política mentirosa que tanto se estila, que la policía no tiene órdenes de hacer redadas selectivas en las que se pidan los papeles a la gente en función del color de su piel, que no se hacen redadas para “cazar” inmigrantes sin papeles. Miente. Y se que miente no porque así lo vengan diciendo todas las asociaciones que se dedican a proteger a los inmigrantes de los abusos, sino porque yo misma la semana pasada en la estación de metro Nuevos Ministerios asistí al espectáculo de unos policías de paisano, muy disimulados, que pedían los papeles a la gente negra que pasaba por allí, así de simple; me paré un rato a mirar y ni una sola persona con aspecto de europea blanca fue requerida a entregar su documentación, ni una sola en los veinte minutos en los que estuve mirando.
Por el contrario, todas las personas negras o morenas de piel que tuvieron la desgracia de pasar por allí fueron conminadas a identificarse. Así que sí, no me cuenten cuentos que lo he visto. Existen redadas indiscriminadas contra personas que no han cometido ningún delito y dichas redadas están basadas en criterios racistas. Además, España es el país de la UE que ofrece menos garantías y que tiene una legislación más dura contra los extranjeros y esas leyes se han endurecido o aprobado con gobiernos socialistas, defensores de los derechos humanos, se supone.
Comenzamos a vivir en una especie de “despotismo ilustrado” en el que se están aprobando leyes y se están aplicando políticas que repugnan a la razón y al sentido de la justicia, de la igualdad o de la equidad, en muchos casos y que además son leyes o políticas que van en contra del bienestar general. Por si fuera poco, se trata de medidas que no han ido en ningún programa electoral y que por tanto no gozan de legitimidad democrática. Ante esto podemos observar que la ciudadanía se está levantando y actuando en contra de las mismas. La paralización de los desahucios por impago, la negativa a que un ciudadano que no ha hecho nada sea detenido en plena calle, la objeción ciudadana ante el abuso de determinadas políticas que parecen únicamente ocupadas en salvar las cifras macroeconómicas, el filibusterismo político que vemos cada día, la corrupción…han producido una deslegitimación institucional y política de tal calibre que la ciudadanía comienza a actuar por su cuenta.
Este es un camino con luces y sombras. La luz es la capacidad de resistencia de la ciudadanía, la capacidad para no caer en la resignación acrítica y enfrentarse a la injusticia. Las sombras ya las conocemos. Tenemos ejemplos de sobra en la historia reciente para saber de los peligros de la deslegitimación generalizada de las instituciones. Pero la deslegitimación es imparable si quienes se supone que son los representantes de la ciudadanía devalúan la democracia sin rechistar. Es un tiempo difícil en el que se nos exige que tomemos partido.
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