Beatrizgimeno

Publicado en El Plural el 14 de septiembre de 2013

Dice Lasquetty que dimitir no se le ha pasado por la cabeza y estoy segura de que es así. Dice que los madrileños apoyan la privatización de la sanidad y seguramente lo sabe porque ha leído una encuesta encargada a la misma empresa que decía que el 91% apoyaban la candidatura olímpica; dice Lasquetty que AFEM, la asociación de médicos que ha conseguido paralizar la privatización sanitaria es un sindicato del PSOE, ignorando a tantos asociados que dicen haber votado al PP. En fin, Lasquetty dice que todo se ha hecho bien y que la decisión del juez que paraliza la privatización sanitaria es “política”. Yo diría más bien que es higiénica. Tenían tanta prisa, tanta ansiedad,  por rapiñar la sanidad pública madrileña que ni siquiera se molestaron en que la cosa pareciera más o menos legal. Se sienten hasta tal punto con derecho a robar lo público que no se detienen en tecnicismos ni legalismos como cuidarse de que el proceso parezca mínimamente ajustado a derecho,  ni se molestan tampoco en explicarlo o en que lo que dicen parezca creíble, para qué, deben pensar; porque dice Lasquetty que convocar un referéndum sobre la cuestión sería antidemocrático.

En realidad, que iban a querer privatizar la sanidad estaba cantado desde mucho antes de que se hablara de ello, cuando la Comunidad de Madrid se puso a construir hospitales a lo loco; hospitales que son como los famosos aeropuertos sin aviones; hospitales enormes que se inauguraban vacíos pero que daban muchos votos a una Esperanza Aguirre que presumía de preocuparse de la sanidad de los madrileños. Todos esos hospitales los pagaban las empresas que luego iban a ser beneficiarias (directa o indirectamente) de la privatización. A partir de ahí, además de ser un robo, la privatización es una chapuza indisimulable a la altura de los mejores momentos del PP en estos años, los finiquitos diferidos, la indemnización por puesto de trabajo y, por supuesto, el último hit: el relaxing cup of café con leche.

Si hacemos un resumen –muy sucinto- del proceso privatizador veremos que desde que se pusieron manos a la obra en la Consejería de Sanidad alguien debió gritar “tonto el último” y todos corrieron a intentar forrarse. No olvidemos que el 29 de junio pasado un juez admitió a trámite una demanda contra varios altos cargos de la Comunidad de Madrid (altos cargos responsables de la sanidad pública) y varios altos cargos de las empresas a las que se va a regalar esta sanidad, todos ellos supuestamente pringados en delitos que tienen que ver con eso, con forrarse.  Hay nueve imputados entre los que se encuentran dos exconsejeros de sanidad (Güemes y Lamela) y varios altos cargos que son acusados de: realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Total nada. Que todo este batiburrillo nada disimulado de presuntos delitos pudiera pasar completamente desapercibido hubiera sido lo extraño. ¿Qué dice el actual consejero de sanidad ante la actuación de este juez? Lo han adivinado: que es una actuación política. Que todos los cargos responsables de algo tan sumamente importante cómo el desmantelamiento de un servicio público imprescindible estén imputados en multitud de presuntos delitos que tienen que ver con el lucro personal, hubiera hecho caer a un gobierno normal, pero…ya sabemos que este no es un país normal. En todo caso, era sólo el principio de un proceso que se ha hecho chapuceramente pero también con la extraordinaria chulería y prepotencia que es la marca del Partido Popular de Madrid.

Que la Consejería de Sanidad no haya podido esgrimir en todo este tiempo ni un solo motivo valido para privatizar no es cosa que sea políticamente de recibido.  Porque del supuesto ahorro que Lasquetty esgrimió como motivo para la privatización no se ha presentado ni una sola prueba; de la mejor supuesta gestión privada sobre la gestión pública ni una sola prueba tampoco. Llevan meses diciendo que iban a presentar los informes que demostrarían lo mucho que se ahorra privatizando y lo muchísimo mejor que se gestiona. No han podido presentar ni siquiera un informe trucado. El juez ha dicho que el ahorro es “virtual”. Y no será porque no trucan lo que pueden. A modo de anécdota recordemos  una visita de una supuesta delegación del Sistema Nacional de Salud Británico interesada, según dijeron desde la consejería, en aplicar en Reino Unido el modelo de gestión madrileño. ¡Ahí está la prueba, los británicos quieren copiarnos!  La visita se promocionó mediante una nota de prensa oficial titulada “La sanidad británica se interesa por la gestión del hospital Rey Juan Carlos” y Telemadrid emitió un reportaje en el que se afirmaba que el Reino Unido venía para “estudiar con interés” la fórmula madrileña. En realidad, quienes vinieron fueron unos ejecutivos de la empresa PriceWaterhouse Coopers que es de suponer que vendrían más bien a estudiar maneras de privatizar lo público y de ganar con ello.

Dice lasquetty que las empresas que se hacen cargo de la sanidad van a gestionarla mucho mejor y poco después nos enteramos de que una de ellas es una empresa en absoluto solvente, que no devuelve créditos y que está siendo investigada por la fiscalía norteamericana. Un modelo de gestión, sin duda. Y dice Lasquetty que el concurso ha sido limpio pero qué curioso que ninguna de las empresas hayan tenido que competir entre ellas, sino que todas sabían a qué tenían que presentarse exactamente para no coincidir. Una muestra de lo que le gusta el PP la competencia. Y luego, fueron pasando muchas cosas, por ejemplo: en los se olvidaron de poner el símbolo “%” donde correspondía y el resultado de ese error es que en el concurso se premiaba casi en exclusiva la oferta económica sobre cualquier otro requisito (¿Error? ); los pliegos se olvidaban también de incluir el equipamiento sanitario de Alta Tecnología del Hospital del Tajo; la Comunidad modificó los pliegos unos días antes del fin del plazo y pasó de exigir una garantía del 5% de la adjudicación total del contrato a un 5% del importe correspondiente al primer año, lo que se traducía en una reducción del 90% del importe. Es decir, se pasó de exigir 200 millones de euros a las adjudicatarias a solo 28 millones (¿Otro error) Dice Lasquetty que todo se ha hecho bien y que lo que ha hecho el juez es suspender una resolución que ya ha sido ejecutada pero resulta que los contratos no están firmados a pesar de que se ha pasado el plazo legal para hacerlo.  A mí me parece que el juez ha hecho bien su trabajo y ha decidido meter mano en el asunto antes de que nos enteremos de que en realidad nuestra sanidad se ha vendido a Eurovegas que quiere hacer con ella un parque temático y que tiene un plan para reducir las listas de espera según se gane o no en la ruleta.